La Ley de Pesca, también conocida como Ley Longueira es uno de los ejemplos más indignantes y más claros en mostrar cómo los parlamentarios pueden convertirse en empleados de las empresas, dedicados a hacer leyes para engordarles los bolsillos.
En la otra vereda estamos los pobladores y las organizaciones de pescadores, exigiendo la anulación de esta Ley corrupta. La admisibilidad de anulación, por cierto, fue votada ayer, aunque fue enviada a comisión y no a votación, como correspondía, para no dejar en evidencia a aquellos que defienden y avalan esta Ley empresarial, hecha a la medida de los ricos y poderosos en nuestro país.
Esta manera de hacer políticas públicas y de administrar el Estado no es distinta en el resto de los aspectos que afectan nuestras vidas. En el caso de la vivienda se utiliza esta misma lógica de negación a transparentar y responder a la ciudadanía que hoy exige con más fuerza que no sean los corruptos y negligentes los que decidan por nosotros.
Como sabemos, la vivienda digna no es un derecho en Chile, pese a que nuestro Estado ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a asegurarlo. Los gobiernos, en cambio, han decretado políticas de vivienda que se han mostrado incapaces para resolver el déficit habitacional y para mejorar la calidad de vida de millones de chilenas y chilenos, alentando a las empresas privadas y concesionarias a convertir este derecho en un bien de consumo transable en el mercado.
Los dramáticos resultados de esta lógica se ven a diario en viviendas sociales mal construidas, constructoras que se declararan en quiebra antes de terminar las obras y viviendas sin espacios públicos ni áreas de desarrollo: cuestiones básicas para una vida digna. Prueba reciente de estas precariedades son el medio millar de viviendas que van a demoler en Coronel por haber sido mal edificadas, tras una inversión primaria que superó los 6 mil millones de pesos, pasando a 8 mil millones en reinversión; casas que fueron entregadas durante el primer mandato de Michelle Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera, pese a que no cumplían con las condiciones mínimas,
El caso Caval, de hecho, grafica cómo funciona en verdad el reparto de terrenos para la especulación inmobiliaria de empresarios como Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon: El Ministerio de Vivienda, el mismo que a través del SERVIU niega la vivienda digna a los pobladores, fue allanado por su parte en el tráfico de influencias para la compraventa de terrenos del hijo y la nuera de la Presidenta. Y, como contraste, cientos de familias en San Antonio llevan más de un mes esperando respuesta de las autoridades porque se detuvo la construcción de sus viviendas.
Ineficiencia que en el caso de nuestro proyecto de vivienda La Maestranza de San Eugenio, se expresa en la desidia y falta de prolijidad de las autoridades respecto a un proyecto que ellos mismos han declarado emblemático y de interés público. Han sido únicamente nuestras asambleas y nuestro equipo de profesionales, quienes trabajaron arduamente durante el año 2015, los que hemos ido apurando el tranco, mientras que desde el SERVIU solo hemos escuchado dilataciones, explicaciones inconsistentes y falta de prolijidad e interés, que se evidencia aun más cuando el Director de este SERVIU plantea que las cientos de familia involucradas en este proyecto deben esperar respuestas a finales de febrero cuando el termine sus vacaciones. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los organismos públicos no son instituciones? ¿Si el Director se va de vacaciones acaso nadie lo subroga?
Creemos que las cosas pueden ser diferentes: que quienes podemos transformarlas de raíz, cambiando la noción de lo que es una vivienda y de cómo las comunidades son vitales en la construcción de una sociedad y un país mejor, somos nosotros: los pobladores. Y por esto tenemos que ser nosotros los que forjemos nuestras políticas públicas, para que efectivamente nos sirvan a las mayorías, y para esto hay que partir por exigir a los servidores públicos que respondan verdaderamente a los intereses de la ciudadanía o cambiarlos.
Y sabemos bien que la movilización social es nuestra herramienta para avanzar en esta dirección, confrontando juntos los padecimientos y los retrasos que nos obligan a sufrir a diario. Utilizaremos todas las vías que nos permitan sembrar los triunfos que ya nos quedó claro que no nos darán los corruptos ni los mentirosos. Como pueblo venimos a terminar con sus “no se puede” por nuestro “¡sí, sí se puede!”; PORQUE SOMOS NOSOTROS MISMOS LOS QUE VENIMOS A HACERLO POSIBLE.
POR POLITICAS PUBLICAS AL SERVICIO DE LAS MAYORIAS
ANULAR LA LEY PESCA
BASTA DE NEGLIGENTES EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, EL BARRIO Y LA CIUDAD
MOVIMIENTO DE POBLADORES UKAMAU
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